Agravio Vs Multa de DIOT

Uno de los agravios que puede aplicar en su caso un contribuyente en contra de multas de DIOT es el siguiente, he de manifestar que lo que citaremos no es de nuestra autoría, sino que es una información que nos fué proporcionada por el C.P Marcelino Camacho.
QUINTO.- ES ILEGAL LA RESOLUCION RECURRIDA PORQUE ADOLECE DE UNA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LO QUE TRANSGREDE EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES Y 5º, PRIMER PÁRRAFO, 38, FRACCIÓN IV, EN RELACION CON LOS NUMERALES 81, FRACCION XXXVI Y 82 FRACCION XXVI DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL Y .
            Lo anterior, porque al emitir la resolución recurrida, -(presuntamente)- la Administración Local de Servicios al Contribuyente impone al suscrito una multa por una conducta que no ésta prevista en ninguno de los dispositivos citados en el acto recurrido; es decir, impone una multa arbitrariamente.
            En efecto, de la simple lectura que se efectúe a la resolución recurrida se advierte que mediante dicho acto se impone al suscrito una sanción en cantidad de $8,410.00, por concepto de multa, por no haber presentado la información mensual de operaciones con terceros en el plazo establecido en el articulo 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y pretende sancionar en razón de los artículos 81, fracción XXXVI y 82 fracción XXVI del código fiscal federal.
            Para hacer luz respecto al presente agravio resulta indispensable la transcripción de los preceptos del Código Fiscal de la federación que se consideran vulnerados, así tenemos que el primero párrafo del artículo 5º a la letra establece:
Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
                        Mientras que, el segundo párrafo nos aclarar en que caso se puede aplicar, “…cualquier método de interpretación jurídica…” y nos dice que solo se podrá hacer “…A falta de norma fiscal expresa,…” se “…aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común,…” sin que como claramente se observa se el caso a estudio, ya  que, si en el PRESENTE CASO ESTAMOS FRENTE  UNA SANCION, esta no puede imponerse si no, a LA LETRA y no por interpretación jurídica, analogía o cualquier otra forma, aclarado lo anterior veamos que sanciona el precepto que como fundamento de su actuación cita la autoridad al pretender imponerme la sanción que se recurre,
            Así encontramos que el artículo 81 fracción XXVI del citado Código Tributario, a la letra tutela:
Artículo 81.- Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias:
            (…)
XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores.
                        Si como es de todo sabido, las multas son impuestas con la finalidad de sancionar e intimidar para prevenir el desarrollo de esas ciertas conductas por las cuales se impondrán las penas, es decir, una multa tiene el carácter de pena en cuanto a la finalidad que persiguen.
            Por tanto, si en el presente caso, si bien se invoca,  como presunta conducta infractora la de:
“… no presentar la información mensual de operaciones con terceros en el plazo establecido en el articulo 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado …”
De la lectura que ustedes C, Abogados resolutores se sirvan realizar del precepto en cita se podrán percatar que en ninguna parte se establece tal obligación, es decir la de presentar “…información mensual de operaciones con tercero…”, veamos la razón de tal aseveración:
Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:
(…)
VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha información.
            Como se observa de lo antes transcrito y resaltado, la obligación que se  señala es la de  Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales ….. las operaciones con sus proveedores…” , mas nunca la que la autoridad pretende encuandrar en dicha fracción al señalar que no cumplí con  presentar la información mensual de operaciones con terceros en el plazo establecido en el articulo 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que como ya se demostro la obligación es diversa a la señalada por la autoridad, de ahí  que al no prevé tal obligación, “presentar la información mensual de operaciones con terceros la sanción”, es decir al no estar tipificada como sancionable, resulta innegable que la resolucion recurrida deviene en ilegal, y por ende deben revocarse de manera lisa y llana, en términos de lo previsto por el artículo 133, fracción IV del Código Fiscal Federal.
                        Es aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 86 Sexta Parte, página 59, que es del tenor literal siguiente:
“MULTAS. TIPICIDAD DE LA INFRACCION. A las multas administrativas, que deben clasificarse como aprovechamientos conforme al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, les resulta aplicable el artículo 11 de dicho código, de manera que tratándose de multas administrativas deben ser de aplicación estricta el precepto que las establece en relación con alguna infracción, cualquiera que sea la ley en que ello suceda. Y de esta manera, el principio de tipicidad de las penas es aplicable a toda multa (que no es sino una pena administrativa a una infracción de ese orden). Es decir, si alguna ley establece una pena de multa para alguna infracción, está estableciendo con ello un aprovechamiento, y en ese aspecto, esa ley está sujeta al principio de aplicación estricta que señala “nulla poena sine lege”, conforme al cual que se aplique una sanción a una falta, la conducta realizada por el afectado debe encajar exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía, ni por mayoría de razón.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10/76. Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.”
También es aplicable al caso, la tesis cuyos datos de localización y contenido son del orden siguientes:
No. Registro: 288,885
Tesis aislada
Materia(s): Penal
Quinta Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
VI
Página: 639
“NULLA PENA SINE LEGE. La imposición de penas sin ninguna base legal, por no existir disposición alguna que castigue el acto por el cual se imponen, o sin que el acto que les da origen esté exactamente comprendido en las disposiciones legales que lo castiguen, importa una violación de los artículos 14, 16 y 21 constitucionales.
Amparo administrativo en revisión. Palma Medina Augusto y coagraviados. 9 de abril de 1920. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Alberto M. González y Patricio Sabido. La publicación no menciona el nombre del ponente.”
                        En efecto, se hace notar a esa H. Autoridad que en el caso las resoluciones recurridas no se encuentran fundadas y motivadas dado que la autoridad emisora de las mismas invoca, como se ha mencionado, y así se advierte de dichos actos, los artículos 81, fracción XXVI y 82, fracción XXVI del Código Fiscal Federal, sin embargo de la lectura efectuada al primero de dichos numerales, se advierte, como se demostró en el segundo de los agravios del presente recurso de revocación, que éste no prevé la conducta por la que se sanciona a la suscrita, pero además, del texto íntegro de las resoluciones administrativas traídas al recurso de revocación jamás se advierte que la suscrita estuviera obligada a “presentar la información de operaciones con terceros”, lo que denota la falta de motivación del acto recurrido.
                        El presunto funcionario de la Administracion Local de Servicios al Contribuyente que firma la sancion jamás demuestra que el suscrito estuviera obligado a “presentar la  información de operaciones con terceros”, ni mucho menos cita el precepto legal en dónde se encuentre prevista tal obligación, pues en los artículos que invoca no está contenida la misma, de ahí que la resolucion recurrida resulta ilegal.
                        En tal virtud, al no fundar y motivar debidamente la autoridad las resoluciones que se recurren, resulta dable que en términos del numeral 133, fracción IV  del Código Fiscal Federal, se dicte resolución en el sentido de revocar las mismas de manera lisa y llana, esto en atención al siguiente antecedente jurisprudencial del Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la pagina numero 1350, del Semanario judicial de la Federación de marzo de 2002, Tomo XV, Novena Época que es del tenor literal siguiente:
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA.- EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el articulo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se de una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto si se citan preceptos legales, pero estos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad si se dan motivos pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del articulo 230 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del articulo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del articulo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código. (I.6º.A.33A)”
Además, robustece lo anterior, los siguientes criterios del poder judicial:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Abril de 2003
Tesis: I.3o.C.52 K        
Página: 1050
“ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10303/2002. Pemex Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
FUNDAMENTACIÓN, FALTA DE, DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO.- Conforme al dispositivo 16 de la Constitución Federal, así operar la invalidez del acto impugnado por falta de fundamentación no es dable analizar las cuestiones de fondo planteadas en el Juicio Contencioso Administrativo, debido a la inexistencia de los elementos indispensables para ello, en tal virtud, cuando la responsable determine la invalidez del acto controvertido por falta de requisitos formales debe de hacerlo de manera lisa y llana.
S.J.F, IX ÉPOCA, TOMO III, 1er TRIBUNAL COLEGIADO DEL 2°: CIRCUITO, ABRIL DE 1996, PÁGINA 398.
Novena Época
Instancia:    SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: III, Marzo de 1996
Tesis:  VI.2o. J/43
Página: 769
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVAClÓN.  La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
                        En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 133, fracción IV del Código Fiscal Federal  se solicita de esa H. Administración Local Jurídica que revoque de manera lisa y llana las resoluciones recurridas, al haber sido emitida en contravención de las disposiciones legales debidas.

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